La que Arde Revista digital
Ahora imagina a una mujer indígena que vende aguas frescas y nieves en un tianguis secuestrando a esos seis hombres junto con otras dos comerciantes indígenas. Ése es el delito del que una de las representantes del realismo mágico judicial en México, la Procuraduría General de la República, acusó a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, condenándolas a 21 años de prisión y encarcelándolas por el supuesto delito en 2006.
El resumen de la historia es el siguiente, según refirieron en distintos momentos el diario La Jornada, el semanario Proceso, y otros medios de comunicación:
– El 26 de marzo de 2006 seis agentes de la AFI vestidos de civil llegaron al tianguis dominical de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro. Sin orden judicial, y bajo el argumento de estar llevando a cabo un operativo en busca de drogas y piratería, destruyeron la mercancía de varios puestos y se apoderaron ilegalmente de la mercancía de otros tantos.
– Las y los afectados exigieron a los agentes que se identificaran, ellos se negaron a hacerlo y la protesta de los tianguistas creció hasta llegar al jefe regional de la AFI, quien alegó que todo había sido un malentendido y ofreció pagar en efectivo los destrozos causados por los agentes, promesa que nunca cumplió.
– Alberta Alcántara había ido al tianguis de Santiago Mexquititlán a visitar a Teresa González, esposa de su hermano Gabriel, cuando miembros de la AFI destruyeron el puesto que atendía su cuñada. Ambas participaron, junto con aproximadamente 100 personas más, en la protesta contra los agentes.
– Mientras tanto, a más de 100 metros de donde inició la protesta, Jacinta Francisco Marcial vendía nieves y aguas en su puesto.
– Horas después, los agentes interpusieron una denuncia por secuestro ante la Procuraduría General de la República (PGR). Un mes después señalaron a Jacinta como su secuestradora, y aseguraron que ésta había motivado a la gente a que los secuestrara y luego pidiera un rescate por 80 mil pesos.
– Más de cuatro meses después de los hechos, el 3 de agosto de 2006, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. Jacinta refirió que elementos de la PGR la condujeron ante el Ministerio Público con engaños, diciéndole que su detención estaba relacionada con la tala de un árbol.
– Presentando como única prueba la fotografía del diario local “Noticias” de Querétaro, en la que Jacinta aparecía pasando detrás del grupo de personas que estaban protestando en contra del operativo, la PGR la acusó de secuestrar a los seis agentes de la AFI, y fue sentenciada por el juez Rodolfo Pedraza Longhi, junto con Teresa y Alberta, a 21 años de prisión. Las tres fueron internadas en el Centro de Readaptación de San José El Alto.
– Jacinta apenas hablaba el español y careció de la asistencia de traductores durante casi todo el proceso legal. Las autoridades la obligaron a firmar declaraciones en un idioma que prácticamente desconocía.
– Durante el juicio las autoridades no solicitaron en ningún momento a los agentes acusadores que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta. Éstos no volvieron a aparecer en escena.
– A tres años de su encarcelamiento, Amnistía Internacional calificó el caso como “una farsa de administración de justicia en México y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que reciben en el país los indígenas”. Por ello, la declaró presa de conciencia y exigió a las autoridades mexicanas liberarla de inmediato y sin condiciones.
– Jacinta fue liberada en septiembre de 2009, debido a que el Ministerio Público no pudo formular acusación en su contra después de que un tribunal unitario le concediera un amparo para que el juzgado de la causa emitiera una nueva sentencia en la que se tomaran en cuenta diversas violaciones procesales. Alberta y Teresa fueron liberadas ocho meses después que Jacinta.
– La defensa de Jacinta exigió a la PGR la reparación del daño, y la dependencia, encabezada por Jesús Murillo Karam, se negó a reconocer su responsabilidad, razón por la cual los abogados de Jacinta interpusieron un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ordenó a la PGR reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí e indemnizarla por daños y perjuicios. Lo mismo ocurrió posteriormente con Teresa y Alberta.
– Los magistrados concluyeron que en los tres casos el Estado mexicano incurrió en “actividad irregular” que causó daño económico y moral. Sin embargo, eximieron de responsabilidad al juez que dictó la sentencia de 21 años de prisión.
– La PGR apeló la sentencia favorable a Alberta Alcántara y Teresa González, lo que supuso dilatar la justicia que las indígenas han reclamado desde 2006, año en que fueron encarceladas por un delito que no cometieron.
– En julio pasado, Amnistía Internacional y el Centro ProDH exigieron al procurador Jesús Murillo Karam que deje de obstaculizar la reparación del daño a favor de Jacinta, Alberta y Teresa. Mediante un comunicado le hicieron llegar la recolección de más de 9 mil firmas mediante las cuales le solicitaron que retire los recursos que niegan la reparación del daño a Alberta y Teresa, y que se abstenga de presentar uno en el caso de Jacinta.
Imagen 1: Jacinta Francisco. http://innovalibre.wordpress.com
Imagen 2: Alberta y Teresa. El Universal, Querétaro.
