La que Arde Revista digital
El concepto de “homicidio” siempre ha sido maleable y relativo en México en boca de sus autoridades. En 2007, por ejemplo, 4 soldados violaron y torturaron a Ernestina Ascencio, abuela indígena de 73 años, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, para después arrojarla, moribunda, a una zanja. Después de 15 horas de agonía en el hospital al que la llevaron quienes la encontraron, Ernestina falleció. Los médicos que la atendieron señalaron en sus reportes haber encontrado fracturas en el cráneo, la cadera y las costillas de Ernestina, y que había sido violada vía vaginal y anal, también con objetos de metal. Todo fue meticulosamente corroborado por los médicos forenses y legistas que revisaron su cadáver. Antes de morir, la misma Ernestina le dijo a su hija que había sido atacada por militares.
En un punto de la investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional incluso informó que había tomado muestras de semen del cuerpo de Ernestina para ubicar a los culpables. Este aplastante corpus de evidencia, aunado a otras tantas, que no menciono por cuestiones de espacio, dio un vuelco asombroso, por decir lo menos, en cuanto cayó en manos del entonces usurpador de la presidencia, Felipe Calderón, quien precisamente en esos momentos se estaba apoyando políticamente en la imagen del ejército para legitimar el turbio proceso mediante el cual llegó a la presidencia.
Previa amenaza en unos casos, y destitución de sus puestos en otros, algunxs de estxs médicxs, funcionarixs y peritxs comenzaron a desistirse de sus declaraciones, y Calderón procedió a ensuciar el proceso a la más pura manera de los ilusionistas del derecho: Ni soldados, ni violación, ni testimonio de Ernestina, ni peritos, ni homicidio, ni nada: ella había muerto de una gastritis mal cuidada, porque así lo decía él, (de eso se mueren las mujeres pobres, ¿no?) y así ordenó que se inscribiera en las versiones oficiales, con el apoyo incondicional de José Luis Soberanes, entonces ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”. Felipe Calderón Hinojosa
Lo mismo ocurrió con Digna Ochoa, Nadia Vera y un irreferible número de defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, cuyos asesinatos a manos del gobierno mexicano han sido mágicamente transformados en suicidio o en “asunto del crimen organizado” por obra del realismo mágico del genocida en turno. Todo esto sin mencionar que la guerra perpetrada contra la población civil desde el gobierno federal, particularmente encarnizada en los dos últimos sexenios, le ha arrebatado la vida a cientos de miles de mujeres y hombres sin mayores aspavientos, bajo el escudo de la legitimidad.
Es en este juego hipócrita y abyecto donde se inscribe el término “homicidio agravado por razón de parentesco”. Así es como decidió nombrar la clase política en México al ejercicio del derecho de una mujer a interrumpir el desarrollo de una mórula en su vientre, mismo que, a todas luces, no aplica si es un hombre quien lo ejerce acuchillando o disparando el vientre de su pareja. Tampoco aplica si es el Estado quien decide que esa mujer no parirá, como lo demostró Vicente Fox, quien obligó durante su gestión a mujeres indígenas a utilizar métodos de anticoncepción bajo amenazas de retirarles apoyos contra la pobreza, como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).
“Niñas violadas que son obligadas a ser madres. Mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas. Niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es su tumba. Éstas también son ejecuciones. Terminan con planes de vida, con sueños, con familias, con futuros, con sonrisas”. Regina Tamés.
Para quienes tenemos la voluntad de analizar el problema a profundidad, el criterio está muy claro: no se trata de que al crimen organizado que conforman iglesia y Estado le preocupe “la vida”: ni la de las mórulas ni la de las mujeres (jamás he visto a Norberto en ninguna marcha clamando por los asesinatos de niñas y mujeres en Juárez, por ejemplo), se trata de ejercer control sobre las mujeres, de arrebatarles la capacidad de decidir sobre sus propios destinos.
La cacería en todo el país es encarnizada: mientras los crímenes de los Maciel, Moreira, Duarte, Fox, Borge y Calderón, entre muchxs otrxs, siguen impunes, en México actualmente hay más de 600 mujeres presas en México por interrumpir un embarazo, pero también por sufrir abortos espontáneos; se calcula que desde 1990 han muerto en el país 30 mil mujeres por abortos practicados en condiciones inseguras, la gran mayoría indígenas, a quienes el mismo sistema les ha arrebatado el poder económico del que gozan las que tienen el dinero para practicarse un aborto sin poner en riesgo la vida.
Como es evidente, la cacería de brujas no ha cesado desde los tiempos de la inquisición, sólo ha cambiado de nombre. La instrucción es precisa: perseguir y castigar social e institucionalmente a las mujeres que osen decidir sobre sus cuerpos.
En este contexto de terrorismo machista contra las mujeres surge Fondo María, organización que, como las que se dieron durante el holocausto judío, más allá de desobecer y negarse a formar parte de la cacería, tuvieron el valor de arriesgarse para ayudar a salvar la vida de las víctimas.
En un sólido acto de autodefensa feminista, estas mujeres decidieron conformar el primer, y hasta ahora único, fondo de aborto de América Latina, que tan sólo este año movilizó $1,428,967 pesos para apoyar a las mujeres a ejercer su derecho a decidir. También formaron a la 5ta generación de acompañantes voluntarias del Fondo María, que a la fecha cuenta con 14 integrantes, y lanzaron una página web con información sobre aborto seguro, sexualidad y solicitud de apoyo electrónica, así como un blog que tiene el objeto de situar al aborto como una experiencia en la vida de las personas, ayudando a romper estereotipos sobre el aborto y las mujeres que abortan, brindando a las mujeres una plataforma para compartir sus historias y participar en el movimiento a favor del aborto.
“Nuestra misión es contribuir con la construcción de un contexto social que reconozca y apoye el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, facilitando el acceso efectivo a un aborto seguro a través de información, apoyo económico y acompañamiento para empoderar”.
¿Cómo lo hacen?
“Damos apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles en el D.F. Hacemos visibles las necesidades concretas de las mujeres en torno a la sexualidad y las intersecciones de injusticia que se hacen concretas a la hora de tomar la decisión de abortar, específicamente las que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la educación”.
También a través de campañas como “Yo aborto, yo acompaño, yo transformo”, en la que participaron personalidades como Julieta Egurrola para apoyar el movimiento por el derecho de las mujeres a decidir.
¿Cuántas vidas han salvado estas ejemplares y valientes desobedientes? Ésas son cuestiones que no interesan ni al Estado ni a la iglesia. Pero a nosotras sí. Por eso aquí les rendimos homenaje e invitamos a nuestras lectoras y lectores a apoyar su lucha, ya sea donando, acompañando, corriendo la voz o colaborando.
¡Larga vida a las desobedientes de Fondo María y su lucha por la vida!
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