La que Arde Revista digital
Por Lina Martínez
Fundación Oriéntame
El video que se presenta a continuación forma parte de un ambicioso proyecto que actualmente desarrolla la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Colombia, con el apoyo de la Fundación Oriéntame en el contexto de la propuesta “Política de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia” (ECC), lanzada por la alcaldía de Bogotá con el objetivo primordial de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación y en la formación de ciudadanas y ciudadanos mediante el fortalecimiento de sus capacidades esenciales. La apuesta de estos organismos ha consistido en convocar a jóvenes de distintos colegios para participar en la construcción de una serie de reflexiones críticas frente a problemáticas sociales diversas, como esta propuesta en particular, elaborada por las y los estudiantes del Colegio Aníbal Fernández, sobre el incremento de embarazos no deseados en adolescentes y su relación con la persistencia y el aumento de las violencias sexuales, una problema que atañe no sólo al ámbito escolar, sino a la sociedad en su conjunto, y que representa una dolorosa realidad en las naciones latinoamericanas.
En este trabajo las chicas y los chicos abordan uno de los estereotipos culturales de género más arraigados en el imaginario colombiano y en general en América Latina: “una mujer es buena en tanto es madre”. Esta concepción tradicionalista, inspirada en preceptos religiosos y morales, delega en las mujeres toda la responsabilidad de la función reproductiva, y aboga por la continuación de un embarazo no deseado sin tener ninguna consideración de las circunstancias en que éste se produjo o de las implicaciones que tenga en la vida de la joven mujer. Frente a esta situación, el video propone una postura crítica para afrontar un embarazo no deseado, comprendiendo la maternidad como opción autónoma y libre de la mujer.
Para situar a espectadoras y espectadores en el contexto colombiano, conviene mencionar que en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada en 2006 como un derecho constitucional para todas las mujeres que así lo soliciten, sin distinción de edad o condición socio-económica, si se considera que: 1. Por estar embarazada su estado de completo bienestar social, mental o físico está en riesgo; 2. El embarazo es consecuencia de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida, entendiendo cualquier relación sexual con una menor de 14 años como una violación; y 3. Cuando se ha diagnosticado malformación fetal que haga inviable su vida fuera del útero[1]. En consecuencia, la sentencia de la Corte Constitucional abrió el espacio para que el sector de prestación de servicios, especialmente el sector público de la salud, provea de manera segura y accesible a cualquier mujer la atención para la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquiera de las tres causales mencionadas.
Sin embargo, a pesar de haberse logrado generar un marco constitucional que brinda opciones a las jóvenes en situación de embarazos no deseados, los sectores más conservadores de la sociedad se han confabulado de diversas maneras para obstaculizar el acceso a la IVE. Entre estos actores encontramos desde funcionarios de Estado que se cuidan de no revelar la información de sus derechos a las jóvenes, hasta “profesionales” de la salud que se niegan a acatar el fallo constitucional y voces de la opinión pública que por medio de distintos canales de comunicación fomentan un estigma moral contra el aborto. En el caso particular de las víctimas de violencia sexual, existen además graves dificultades para el acceso a la justicia, pues entre muchos servidores públicos persiste la “Falta de credibilidad a las mujeres cuando interponen la denuncia; se generan prácticas revictimizantes durante el proceso de denuncia; se niega la posibilidad de la denuncia cuando se trata de mujeres en estado de embarazo pues se asume que se trata de un mecanismo para solicitar un aborto”.[2]
Estos factores se han conjugado para que, en muchos casos, las jóvenes se vean obligadas a acudir a dispensarios clandestinos para practicarse un aborto, mientras que tantas otras –aproximadamente un 33%-[3], incapaces de costear tal gasto, interrumpen su embarazo con pastillas, que son de bajo costo y de fácil adquisición, lo que expone a unas y a otras a situaciones de alto riesgo para su salud. A la fecha no existe una correlación de datos entre violencias sexuales y embarazos no deseados, pero la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010) muestra que en Bogotá el 17.5% de las adolescentes alguna vez ha estado embarazada. Frente a esta compleja realidad que enfrentan día con día miles de mujeres jóvenes en Colombia y en toda América Latina, el reconocimiento legal y social de la interrupción voluntaria del aborto se impone como una necesidad urgente en la defensa de la salud y el nivel de vida de las mujeres. Así, el siguiente video representa un esfuerzo invaluable para contribuir con dicho reconocimiento.
[1] http://www.orientame.org.co/embarazo-no-deseado/como-abortar-legalmente-en-colombia/
[2] Intervención de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Debate de control político sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sesión Comisión Séptima del Senado de la República. 16 de septiembre de 2014
[3] Incidencia del Aborto Inducido en niñas adolescentes de 13, 14 y 15 años en la ciudad de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, pág. 83. Moreno Arce Nataly, 2010.
